El exdirector regional de Bienes Nacionales y exgerente de Vivienda y Acondicionamiento Territorial, Dr. Esteban Valdez Garate, se pronunció públicamente sobre la controvertida venta de terrenos eriazos en la zona de Pampa de Guerreros y sectores aledaños, dentro de la jurisdicción del distrito y provincia de Islay.
Durante sus declaraciones, Valdez sostuvo que los terrenos eriazos poseen un régimen especial regulado por normas técnicas y legales, y precisó que no existe oposición al derecho de propiedad privada, pero sí preocupación respecto a la forma en que se estarían comercializando dichos predios.
Según explicó, actualmente existe un proceso judicial en trámite relacionado con el “mejor derecho de propiedad”, situación que aún no ha sido definida por el Poder Judicial. En ese sentido, indicó que la familia Vargas Belón no estaría en condiciones de vender terrenos mientras el litigio permanezca inconcluso.
Asimismo, remarcó que cualquier proceso de venta debe cumplir previamente con la habilitación urbana correspondiente ante la Municipalidad Provincial de Islay. Citó el artículo 957 del Código Civil, señalando que los propietarios tienen la obligación de presentar un expediente técnico para zonificación y vías antes de efectuar cualquier transferencia formal de lotes.
“El propietario no puede vender terrenos sin autorización municipal. Si no existe habilitación urbana, agua, luz ni desagüe, la venta resulta irregular”, manifestó.
El especialista alertó además sobre las consecuencias sociales y económicas que podrían generarse si continúan las ventas sin planificación urbana adecuada. Señaló que posteriormente sería el Estado quien tendría que asumir elevados costos para dotar de servicios básicos a zonas ocupadas informalmente.
Valdez indicó que ha sugerido a las autoridades locales promover mesas de diálogo entre las partes involucradas con la finalidad de evitar futuros conflictos sociales y ordenar el crecimiento urbano en la provincia.
También cuestionó que se estén realizando ventas mediante derechos y acciones cuando los terrenos aún se encuentran bajo condición de copropiedad. Según precisó, este tipo de transferencias no debería ser inscrito por notarías ni registros públicos mientras no exista saneamiento legal y técnico.
El exfuncionario recordó que, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 27972, corresponde tanto a la municipalidad distrital como provincial ejercer control urbano y supervisar si las ventas de terrenos cumplen con las disposiciones vigentes.
“No se puede promover urbanizaciones sin servicios básicos. Si son terrenos agrícolas, deben tener condiciones de riego; si son urbanos, deben garantizar agua, desagüe y energía eléctrica”, enfatizó.
Otro de los puntos abordados fue la situación de posesionarios y familias que ya cuentan con títulos otorgados anteriormente por el Estado en algunos sectores de Matarani. Valdez sostuvo que dichos derechos no pueden ser desconocidos automáticamente y recordó que cualquier intento de anulación requeriría procesos judiciales específicos.
En relación al derecho de propiedad, explicó que actualmente este no es absoluto, tal como lo establece el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, el cual dispone que la propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común, el interés social y la protección ambiental.
“La propiedad hoy tiene restricciones y limitaciones. Incluso puede revertirse o extinguirse si no cumple una función social”, declaró.
Finalmente, aclaró que sus opiniones responden exclusivamente a criterios técnicos y legales, descartando intereses personales en los terrenos materia de controversia. Además, recordó que mientras exista un proceso judicial en trámite, las entidades administrativas deben abstenerse de intervenir directamente sobre el fondo del litigio.
DATO
La familia Vargas Belón mantiene un prolongado litigio judicial relacionado con más de 60 mil hectáreas ubicadas en Islay-Matarani, incluyendo sectores de lomas y olivares. Aunque en mayo de 2024 obtuvieron un fallo favorable inicial, posteriormente la Corte Superior de Justicia de Arequipa y el Tribunal Constitucional dispusieron la realización de un nuevo proceso judicial respecto a diversos predios ubicados en Matarani.
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