En un giro sorprendente, un octogenario identificado como Carlos Llerena Paredes ha sido puesto en libertad después de enfrentar cargos por tentativa de feminicidio. La decisión de liberarlo se basa en el hecho de que la presunta víctima se negó a firmar el acta de intervención policial y a rendir su declaración oficial ante las autoridades.
Tras revisar cuidadosamente los documentos relacionados con el caso, se constató que la agraviada rechazó firmar el acta de intervención policial y se negó en dos ocasiones, los días 13 y 14 de marzo, a recibir los oficios para su RML (Registro de Medicina Legal) y evaluación psicológica. Además, se negó rotundamente a rendir su declaración formal. Estos elementos, sumados a la falta de una ratificación clara y precisa por parte de la agraviada, como lo exige el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, respecto a las circunstancias del intento de feminicidio, llevaron a la decisión de liberar a Carlos Llerena Paredes.
Cabe destacar que la libertad del octogenario se refiere específicamente al delito tipificado en el artículo 108-b del código penal. Sin embargo, se ha dispuesto el envío de copias de los registros al tercer despacho de la fiscalía penal, a cargo del Dr. Mauricio Rivera, para que se resuelva la situación jurídica del detenido en relación con la presunta tenencia ilegal de armas y otros delitos.
Este caso ha generado controversia y debate sobre los procedimientos judiciales y la importancia de la participación activa de las víctimas en la persecución de delitos. La falta de ratificación y declaración por parte de la agraviada ha llevado a la liberación del acusado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema de justicia en casos tan sensibles como la violencia de género. La fiscalía penal ahora tendrá la responsabilidad de evaluar detenidamente las pruebas y determinar los pasos a seguir en este complicado caso judicial.
