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Delegacion del valle de Tambo llegó a Lima para exigir anulación del EIA de Tía María

Delegación encabezada por Miguel Meza y Abigail Torres participó en movilización en Lima para exigir la nulidad del EIA del proyecto Tía María, argumentando que se encuentra caduco y sin legitimidad social.

Opositores a Tia Maria

Una delegación de pobladores del Valle de Tambo arribó este jueves 07 de mayo a la ciudad de Lima para participar en una movilización y exigir al Poder Judicial la inmediata anulación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Perú, al considerar que dicho documento se encuentra caduco y carece de legitimidad social.

La delegación estuvo encabezada por el dirigente Miguel Meza y la dirigente Abigail Torres, quienes señalaron que la población de la provincia de Islay mantiene firme su posición de rechazo al proyecto minero debido a los riesgos que, aseguran, representaría para la agricultura y los recursos hídricos de la zona.

La protesta se desarrolló en el marco de la audiencia judicial relacionada con la acción de amparo presentada contra el proyecto minero. Los manifestantes indicaron que el EIA perdió vigencia hace varios años debido a los cambios ambientales, sociales y demográficos registrados en el Valle de Tambo y en toda la provincia de Islay.

Con pancartas, banderas y arengas, los pobladores recorrieron diversas calles de la capital demandando que las autoridades nacionales escuchen la voz de las comunidades afectadas y prioricen la protección del agua, la agricultura y la paz social por encima de los intereses extractivos.

Durante la movilización, los dirigentes manifestaron que continuarán impulsando acciones legales y protestas pacíficas hasta lograr que se deje sin efecto el EIA del proyecto Tía María. Asimismo, reiteraron que el Valle de Tambo es una zona eminentemente agrícola y que miles de familias dependen directamente de esta actividad económica.

Los participantes también hicieron un llamado al Gobierno Central y al Poder Judicial para que actúen con transparencia y respeto a los derechos de las comunidades locales, señalando que el conflicto social en torno al proyecto minero continúa vigente.

Foto: Eddy Gonzalo

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