Hasta 6 años de cárcel contra quienes atenten contra limpieza de ríos
Dañar el río con basura y otros desperdicios dejará de ser una costumbre, con una nueva ley que impone prisión contra quienes atenten contra esta fuente de vida. Es así que la ley N° 32523 que respalda las acciones de la ANA impone entre 2 a 4 años de cárcel a quiénes arrojen desechos a los ríos, y entre 4 a 6 años si se usan maquinaria pesada para esta acción ilícita.
“Hablamos de miles y miles de metros cúbicos de desperdicios que retiramos a nivel nacional, una tarea que realizamos desde octubre del año pasado sin parar, de forma preventiva para asegurar que los cauces limpios permitan la circulación del agua en épocas de lluvias” indicó el jefe de la ANA, José Musayón, sobre este panorama.
Esta norma permite que personal de la ANA ahora tenga otro nivel de coordinación con los municipios y la propia población, para que a través de la policía y la fiscalía puedan accionar esta medida para la protección de nuestros cauces naturales, que ven afectados no solo su calidad de agua, sino también la seguridad de la población.
“El arrojo de desmonte estrangula tramos de los ríos, provocando desbordes no solo en Lima, sino también en otras partes del país. Por ello nosotros limpiamos constantemente por ejemplo en el Rímac, que provee de agua a 11 millones de peruanos, y que pese a nuestras acciones seguimos encontrando desechos de todo tipo”.
El gobierno designó a la ANA como la entidad que lidera el Plan de Recuperación del río Rímac, siendo el 70% de este proyecto corresponde a recuperar su calidad de agua. Con este contexto cobra vital importancia este nuevo marco jurídico, que busca reducir el impacto de la contaminación que día a día impacta en este y otros ríos a nivel nacional.
“Desde la ANA invocamos a la población, y a las empresas a que desistan en estas prácticas, porque con esta nueva legislación nos dan facultades para aplicar sanciones mucho más severas. Además, buscamos generar conciencia en los peruanos para que eviten esta mala práctica.”
La acción coordinada de los especialistas de la ANA y de otras entidades del Estado deberán ir de la mano con la acción civil, en busca de proteger uno de los más importantes bienes comunes del país: el agua.
