Carlos Torres Enríquez, analista en temas mineros, afirmó que las ONGs antimineras están “engañando a la población” al difundir que los proyectos mineros requieren una “licencia social” inexistente en la legislación peruana.
En diálogo con un medio local, el analista minero Carlos Torres Enríquez analizó las recientes declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien aseguró que las ONGs estarían financiando protestas contra el proyecto Tía María en el valle de Tambo. Torres calificó esta afirmación como una mala información que ha inducido a error al Ejecutivo, señalando que dichas organizaciones solo buscan mantener sus fuentes de financiamiento extranjero.
“El premier ha sido mal informado. Estas ONGs capitalinas, financiadas por el extranjero, tratan de ganar espacio y más recursos económicos a través de una demanda judicial. No tienen capacidad real de movilización”, sostuvo Torres.
El analista mencionó a Red Muqui, CooperAcción y Labor, entre otras ONGs, a las que acusó de “vivir muy bien” gracias al dinero de cooperantes internacionales, justificando su existencia mediante la promoción de conflictos sociales. “Utilizan a la población del valle de Tambo para mantener sus ingresos. Cuando no muestran actividad, el financiamiento se les corta”, señaló.
El mito de la “licencia social”
Torres fue enfático al afirmar que la llamada licencia social no existe legalmente dentro del ordenamiento minero del país.
“No es requisito. No existe en ninguna parte de la ley de minería. Las ONGs engañan a la población repitiendo ese argumento, cuando en realidad basta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado”, remarcó.
Explicó que los proyectos como Tía María ya cumplen con todas las autorizaciones legales y ambientales necesarias para operar, por lo que el reclamo de una “licencia social” carece de sustento técnico y jurídico.
El avance de Tía María
Sobre el proyecto Tía María, Torrez confirmó que la empresa ya se encuentra en plena etapa de construcción con entre 2,000 y 2,500 trabajadores. Además, anticipó que en los próximos meses la inversión superará los 200 millones de dólares, y para el próximo año alcanzará entre 600 y 700 millones.
“El desarrollo minero está avanzando a pasos agigantados. No habría inversión si el EIA no estuviera vigente. Los reclamos son solo excusas para obtener más recursos del extranjero”, subrayó.
Mensaje a la población de Islay
Finalmente, el analista hizo un llamado a la población de la provincia de Islay a prepararse para el impacto económico que traerá el desarrollo minero en la zona.
“Las micro y pequeñas empresas deben alistarse para ser proveedoras del proyecto. Es momento de dejar atrás una agricultura antigua y apostar por el progreso. Tía María representa una oportunidad de desarrollo real para las familias del Valle de Tambo”, concluyó.
