Municipalidad cuestiona vigencia del estudio ambiental
La Municipalidad Provincial de Islay presentó un recurso de revisión ante el Consejo de Minería para solicitar la nulidad de la autorización de explotación otorgada a Southern Perú para el proyecto Tía María, cuya inversión supera los 1,800 millones de dólares.
La acción legal está dirigida contra la Resolución Directoral N.° 194-2026, emitida por la Dirección General de Minería, mediante la cual se autorizó nuevamente el inicio de la etapa de explotación del yacimiento cuprífero ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa.
Durante la audiencia pública realizada ante el Consejo de Minería, la representación legal de la comuna sostuvo que el Estudio de Impacto Ambiental detallado, aprobado en 2014, habría perdido vigencia en agosto de 2019, considerando que la normativa establece un período máximo de cinco años para su ejecución.
Según la posición municipal, esa situación obligaba a la empresa a elaborar y presentar un nuevo EIA antes de solicitar la autorización de explotación. Asimismo, se cuestionó la vigencia de la línea de base ambiental y la acreditación de permisos relacionados con el uso de agua para el desarrollo del proyecto.
La municipalidad también señaló que existirían trabajos preliminares ejecutados sin la presentación previa de un informe complementario sobre flora y fauna, documento que —según su interpretación— constituía una condición establecida en la resolución de aprobación del estudio ambiental.
Southern Perú defiende la validez de sus autorizaciones
Southern Perú rechazó los cuestionamientos formulados por la comuna y sostuvo que el Estudio de Impacto Ambiental mantiene plena vigencia debido a que la empresa comunicó oportunamente al Ministerio de Energía y Minas el inicio de la ejecución de las actividades autorizadas antes del vencimiento del plazo establecido.
La empresa indicó que entre dichas actividades se incluyeron la instalación de plataformas eléctricas, estaciones de monitoreo ambiental y otros trabajos contemplados en el proyecto, lo que, a su criterio, acredita el inicio de la ejecución y evita la caducidad del instrumento ambiental.
Asimismo, la defensa de Southern Perú señaló que esta interpretación ha sido reconocida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Dirección General de Minería.
La empresa agregó que la autorización de explotación fue otorgada luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación minera, entre ellos la titularidad de las concesiones, la disponibilidad de los terrenos superficiales y la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
Consejo de Minería evaluará el recurso
El Consejo de Minería deberá resolver el recurso presentado por la Municipalidad Provincial de Islay en los próximos días. La decisión será seguida de cerca debido a que este organismo ya intervino anteriormente en el proceso, cuando en abril de este año declaró la nulidad de una autorización de explotación emitida en 2025 por observaciones relacionadas con aspectos técnicos del proyecto.
Tras la subsanación de dichas observaciones, la Dirección General de Minería emitió la Resolución Directoral N.° 194-2026, cuya validez vuelve ahora a ser materia de revisión administrativa.
Mientras se espera el pronunciamiento del Consejo de Minería, en la zona del proyecto continúan observándose trabajos preliminares, movimiento de personal y avances en la construcción del campamento, en el sector cercano a El Fiscal, a lo largo de la carretera Panamericana Sur. Southern Perú también ha informado sobre acciones orientadas al financiamiento de la inversión prevista para el desarrollo del proyecto.
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