Se llevó a cabo la audiencia virtual de la acción de amparo presentada contra los proyectos mineros Tía María y La Tapada, impulsados por Southern Perú. El proceso se desarrolla en el Primer Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Carlos Núñez Matos, dentro del expediente 05743-2025-0-1801-JR-DC-01.
La demanda fue interpuesta por ciudadanos del Valle de Tambo: Martha Verónica Manrique Cueva, Agripina Juana Paucar Quispe, Juan Justo Apaza Mendoza, Juan de Dios Orado Arangure, Martín César Eduardo Juárez Bernedo, Policarpio Belizario López Linares y Juan Miguel Meza Igme, quienes cuestionan la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero.
La abogada Beatriz Cortez Sánchez, representante de la ONG Red Muqui, informó que los abogados David Velasco y Rodrigo Lauracio participaron de manera virtual desde Lima debido a la complejidad del proceso judicial y la necesidad de mantenerse concentrados en el desarrollo de la defensa legal.
Cortez explicó que la audiencia desarrollada el jueves 7 de mayo estuvo marcada por un intenso debate tanto sobre aspectos de forma como de fondo. Señaló que esta diligencia constituye la etapa principal del proceso, debido a que el magistrado escuchó directamente los argumentos centrales de todas las partes involucradas.
Entre los demandados figuran el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Ministerio de Energía y Minas y Southern Perú. Según explicó la representante legal, tanto la empresa minera como las entidades del Estado sostuvieron que el EIA del proyecto no se encuentra caduco y que el procedimiento administrativo cumplió con todos los requisitos legales establecidos.
Asimismo, la defensa de Southern Perú argumentó que, al haberse respetado el procedimiento administrativo correspondiente, las autorizaciones otorgadas mantienen plena validez jurídica y no correspondería declarar su nulidad.
Sin embargo, la parte demandante presentó una posición distinta. De acuerdo con Beatriz Cortez, el abogado David Velasco sostuvo ante el juez que el debate principal no gira únicamente en torno al trámite administrativo, sino sobre los plazos de caducidad del Estudio de Impacto Ambiental.
Según indicó, la defensa de los ciudadanos del Valle de Tambo argumentó que el EIA habría superado los plazos legales de vigencia, por lo que no podría seguir sirviendo de sustento para nuevas autorizaciones administrativas vinculadas al proyecto minero.
“La base de todo el proceso es el estudio de impacto ambiental y este ya no mediría adecuadamente los impactos ambientales actuales”, sostuvo la abogada durante sus declaraciones.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez dispuso que los abogados presenten informes escritos complementarios antes de emitir la sentencia correspondiente.
El abogado David Velasco informó que el fallo judicial podría conocerse en un plazo de cinco días o incluso antes.
Leave a comment