Tía María: 15 dirigentes y agricultores del valle de Tambo a juicio por protestas

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A casi cinco años de las protestas contra el proyecto de Southern Perú, dirigentes son llevados a juicio y pueden recibir penas por encima de los 20 años

Este martes se inició en la Corte Superior de Justicia de Arequipa el juicio a los dirigentes y agricultores que lideraron en el 2015 las protestas contra el proyecto minero Tía María. En el banquillo estuvieron el expresidente del Frente de Defensa del valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, y el abogado Jesús Gómez Urquizo, procesados por solicitar dinero a la empresa Southern Perú a cambio de frenar las paralizaciones.

En medio de este largo proceso, se dio a conocer que uno de los acusados, Roger Ramos Flores, murió este lunes, un día antes de la audiencia. Esto fue comunicado a las autoridades para que en su caso se disponga el archivamiento del proceso. En cambio, para el resto de los acusados, la fiscalía ha pedido penas por encima de los 20 años, por obstruir las vías y generar disturbios, lo que los acusados rechazan firmemente, alegando que se trata de una persecución por su oposición al proyecto.

El proceso se entabló después que en octubre del año pasado su inicio se viera frustrado al no estar saneada la acusación.

El juicio por las protestas

Fue la fiscal Alejandra Cabana quien argumentó la acusación contra los 15 imputados que estuvieron presentes en el juicio oral. La magistrada remarcó los hechos que se suscitaron en marzo de 2015, cuando la población salió a las calles rechazando la aprobación del segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.

Sin embargo, la fiscalía ha sostenido que la protesta social fue usada por los dirigentes para obtener beneficios económicos. La prueba que sustenta esta hipótesis son los audios de las conversaciones que mantuvieron el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y el asesor externo de Southern Perú, Jesús Gómez Urquizo, donde el dirigente pide 1.5 millones de dólares para levantar las protestas.

Agregó, que durante el desarrollo de las protestas se produjeron actos de violencia que afectaron bienes públicos y privados, con la colaboración de los denominados “espartambos”. También se habría amedrentado a familias que no apoyaban las protestas. Según la fiscal Cabana, estas manifestaciones eran sostenidas por un “aparato legal y logístico”.

Los dirigentes rechazan la acusación del Ministerio Público y han alegado que existe una persecución del gobierno. Los acusados han pedido que el caso sea archivado de manera definitiva. El proceso será resuelto por los jueces Giuliana Pastor Cuba, Juan Carlos Churata y Marco Villasante Arapa.

Penas altas para dirigentes del valle de Tambo

El Ministerio Público pidió el sobreseimiento solo en el caso del Roger Ramos Flores, debido a su deceso. Para los dirigentes Pepe Julio Gutiérrez, Jesús Cornejo y Jaime de la Cruz, la fiscal ha pedido penas elevadas que sumadas superan los 20 años de cárcel.

En la acusación fiscal están comprendidos el abogado Jesús Gómez Urquizo, Miguel Meza Igme, Juan José Colquehuanca Chaiña, Richard Ale Cruz, Jorge del Carpio Lazo, Victor Raúl Zeballos Ortiz, José Miguel Ramos Carnero, Alberto Justo Laredo, Justo Paredes Torres, Martín Juárez Bernedo, Esteban Pareja Prado, Juan Manuel Meza Idme y Héctor Herrera Herrera.

Por la tipificación de los delitos, se ha pedido las siguientes penas para los acusados:

  • Asociación ilícita: Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo Reynoso acusados como coautores y pidieron 12 años y 4 meses. Para el resto se solicitó 4 años de cárcel.
  • Tentativa de extorsión: Pepe Julio Gutiérrez como autor y Jesús Gómez Urquizo como cómplice primario. Condena para ambos 10 años de pena en agravio de Southern Perú.
  • Extorsión al Estado: Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo como coautores. Pena solicitada para ellos es de 8 años y 8 meses de cárcel. Mientras que para Richard Ale y Justo Paredes 3 años de cárcel.
  • Entorpecimiento y disturbios: para Jesús Cornejo se pidió 7 años y 4 meses, mientras que para Jorge del Carpio se pidió 6 años y 8 meses solo por el delito de entorpecimiento.

La Procuraduría del Ministerio del Interior exigió que los dirigentes paguen 10.2 millones de soles de reparación civil de manera conjunta por afectar al Estado. El monto se pidió para cubrir los viáticos, transporte e implementos de los agentes y reparar los daños causados a las vías durante las protestas.

 

 

 

 




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