Las autoridades y funcionarios que incumplan sus obligaciones frente a situaciones de riesgo o desastres naturales podrían afrontar responsabilidades administrativas, civiles o penales, según explicó el abogado José Tito Sánchez.
El especialista manifestó su preocupación por lo que considera una posible inacción institucional ante las recientes condiciones climatológicas registradas en la provincia de Islay. No obstante, aclaró que la responsabilidad individual solamente puede establecerse después de una investigación objetiva.
“Sin ánimos ni tintes políticos, hemos observado cierta inacción en nuestra provincia”, declaró.
Funcionarios tienen obligaciones en prevención y respuesta
Sánchez recordó que la gestión del riesgo de desastres está regulada por la Ley N.º 29664, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conocido como SINAGERD.
De acuerdo con su explicación, las autoridades y los funcionarios deben cumplir funciones de prevención antes de una emergencia, además de actuar durante y después de ocurrido el evento.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en distintos tipos de responsabilidad. Sin embargo, señaló que primero deberá determinarse qué función correspondía a cada autoridad, qué medidas se adoptaron y si existió una acción u omisión vinculada con los daños.
Responsabilidad dependerá de las funciones asignadas
El abogado explicó que una eventual responsabilidad no necesariamente recaería únicamente sobre el alcalde. La investigación tendría que revisar las competencias del gobierno regional, las municipalidades y los funcionarios encargados específicamente de la prevención y gestión del riesgo.
También sostuvo que la ausencia de una declaratoria de emergencia no elimina automáticamente las obligaciones ordinarias de prevención que corresponden a cada entidad.
“Una imputación debe ser clara, concreta y objetiva”, remarcó Sánchez,
al precisar que las autoridades involucradas también tienen derecho a demostrar que cumplieron sus funciones.
Ciudadanos pueden presentar denuncias
Sánchez indicó que cualquier ciudadano que conozca un hecho concreto puede comunicarlo a las instituciones competentes.
Si se presume la existencia de un delito, la denuncia puede presentarse ante la Policía Nacional o la Fiscalía de turno. El Ministerio Público señala que las denuncias pueden formularse de manera escrita o verbal y deben contener información concreta sobre los hechos. Asimismo, dispone de un portal de denuncias en línea.
Cuando se trate de una posible responsabilidad administrativa, el abogado señaló que la Contraloría General de la República y los órganos de control pueden intervenir dentro de sus competencias.
Entre las situaciones que podrían comunicarse mencionó carreteras que representen peligro, viviendas con riesgo de colapso por las lluvias u otras condiciones que amenacen a la población.
Pide evitar denuncias políticas o sin fundamento
El especialista exhortó a la ciudadanía a documentar hechos verificables y evitar acusaciones motivadas por diferencias políticas.
“No inventemos cosas. Tenemos que ser totalmente objetivos”, expresó.
También pidió no saturar las dependencias policiales, fiscales o judiciales con denuncias carentes de sustento. Las comunicaciones deberían incluir información concreta, como el lugar, la fecha, la situación de peligro observada y, cuando sea posible, fotografías, videos o documentos.
Finalmente, Sánchez insistió en que ninguna autoridad debe ser declarada responsable de manera anticipada. La determinación de una infracción administrativa, una obligación civil o un delito corresponde a las entidades competentes, luego de evaluar las funciones y actuaciones de cada involucrado.
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