Conflictos sociales del sur que esperan la solución de la mano de Martín Vizcarra

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El premier César Villanueva no estuvo bien acomodado en el cargo y le saltaron a la yugular. Pagó caro un error de principiante. Decir que este año Tía María, el proyecto minero de Southern Perú en Arequipa, podía salir adelante este año. Villanueva no sopesó la sensibilidad de un conflicto social que en la última década dejó siete muertes y una suerte de división en la provincia arequipeña de Islay entre promineros y antimineros.

Tía María no es el único conflicto social en cartera. A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo identificó 182. Poco más de la tercera parte se localizan en el sur peruano, los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, Tacna, Apurímac y Moquegua. La mayoría de estas controversias están referidas a la oposición de las comunidades nativas por la instalación de inversiones que pretenden la explotación de recursos naturales esencialmente minerales. Esta tensión no es de ahora. Viene hace más de una década. Se agudizó contradictoriamente en la época dorada de los minerales. Con los precios de los metales altos aumentaron las iniciativas por las actividades extractivas sin importar el estado de ánimo de las comunidades aledañas golpeadas por la pobreza y sin la presencia de las instituciones.

Actualmente, la economía peruana pasa por una situación delicada. Sin diversificación productiva la única apuesta inmediata son las actividades extractivas para mejorar la recaudación y el empleo. Sin embargo, el gobierno tiene que darse cuenta que antes de poner andar los proyectos las demandas sociales requieren solución. El presidente Martín Vizcarra conoce bien el tema. Cuando era presidente regional de Moquegua (2011-2014) negoció con las mineras Southern y Anglo American. A la primera la arrancó S/107 millones para promover las nuevas tecnologías en colegios públicos y en la segunda, un compromiso de inversión de mil millones de soles.

Con estas credenciales, se espera que el mandatario pueda manejar los problemas sociales relacionados a la minería. Sin embargo, el analista Gonzalo Banda señala que este año la coyuntura electoral, elecciones regionales y municipales, puede alentar los conflictos sociales.

En este periodo se estrenan o vuelven a escena los líderes sociales que enervan el conflicto en busca de su rédito político.

Banda sostiene que ya ocurrió y volvería a suceder con Tía María. En los procesos electorales pasados, en la provincia de Islay, aprovecharon ese escenario José Ramos elegido luego alcalde de la Punta de Bombón; Helard Valencia burgomaestre de Cocachacra, Jaime de la Cruz (Deán Valdivia) y Richard Ale (Islay).

Para estas elecciones se perfilan como candidatos Julio y Jesús Cornejo como candidatos de Cocachacra y Deán Valdivia, Jaime de la Cruz a Mollendo y Richard Ale a Deán Valdivia. Y casualmente figuran como los principales opositores del proyecto minero.

Conflictos laborales
Los conflictos sociambientales no son los únicos. También están los laborales. Después de una huelga traumática de varios meses el 2017, este año, un sector del magisterio volvió a la carga con un paro de 24 horas en abril pasado.

La consigna, mejores sueldos y más presupuesto para el sector. El gobierno debe evitar que ocurra lo del año pasado. La chispa prendió en Cusco y no supieron apagarla a tiempo.

El analista Carlos Timaná responsabiliza de ello a la exministra de Educación, Marilú Martens. Espera que el nuevo ministro no deje escalar un conflicto que parece en ciernes. Aunque el gremio magisterial está debilitado. Los más entusiastas con las paralizaciones es la facción de Pedro Castillo. Los otros Sutep sostienen que si sus reclamos no se atienden en una mesa de diálogo no descartan una paralización.

También preocupa lo de Puno. La población exige la descontaminación del lago Titicaca. El exmandatario Kuczynski prometió la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero la promesa hasta ahora no se cumple.




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