Caso Tía María: Juzgarán por separado a Pepe Julio Gutierrez y Jesús Gómez

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De no presentarse ninguna apelación en un plazo de 3 días, se fijará la fecha para la audiencia de control de acusación.

El dirigente antiminero Pepe Julio Gutiérrez Zeballos y el abogado, Jesús Felipe Gómez Urquizo, implicados en el mega proceso de los disturbios ocurridos entre abril y mayo del año 2015 en contra del proyecto minero Tía María en el valle de Tambo, serán juzgados por separado.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Arequipa, Jaime Coaguila Valdivia, declaró fundado el pedido de desacumulación de este expediente considerado complejo, al estar acusados otros 16 ciudadanos.

La simplificación del procedimiento penal para estos dos imputados, permitirá realizar con celeridad la etapa intermedia de control de acusación y el juicio oral, sólo por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa cometido presuntamente contra la empresa minera Southern Perú Copper Corporation a la cual el exdirigente Pepe Julio Gutiérrez habría solicitado un millón de dólares para levantar las protestas contra el proyecto, y en el cual el abogado, Gómez Urquizo, fue el presunto intermediario.

La acusación fiscal de este proceso, declarado complejo por el número de imputados y delitos presuntamente cometidos y cuyas condenas varían entre 10 y 30 años, ingresó a la Corte de Arequipa el pasado jueves 18 de enero, luego de 33 meses de iniciadas las investigaciones por parte de la fiscalía de Crimen Organizado.

El juez Jaime Coaguila que conoce la causa, resolvió la desacumulación en tan sólo 72 horas, quedando pendiente el control de acusación y juicio oral. De no presentarse ninguna apelación en un plazo de 3 días, se fijará la fecha para la audiencia de control de acusación.

Sobre otros implicados. En tanto, el proceso donde están comprendidos los otros 16 imputados, seguirá su trámite normal. Los dirigentes antimineros, alcaldes y pobladores del valle de Tambo, serán procesados por los delitos de extorsión, asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios, motín y conspiración para motín.

El juez Jaime Coaguila declaró fundado el pedido de desacumulación del Ministerio Público.




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