Pepe Julio Gutiérrez: El único acusado de pedir millón y medio a Southern

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Investigación. Fiscalía planteó 30 años de cárcel para dirigente opositor a Tía María. Según la investigación fiscal, no hay pruebas para incriminar a los demás dirigentes. Abogado Gómez es cómplice.

Después de casi tres años de investigación, la Fiscalía Especializada contra Criminalidad Organizada de Arequipa formuló acusación contra una decena de exdirigentes y manifestantes del valle de Tambo que participaron en las protestas para rechazar Tía María, proyecto de Southern Perú que pretende explotar dos tajos de cobre en la costa arequipeña. En esas manifestaciones desarrolladas entre marzo y mayo de 2015, según la conclusión fiscal, se cometieron diversos delitos: extorsión en agravio del Estado, tentativa de extorsión en agravio de la empresa minera, asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, etc. Las penas varían para cada imputado.

El dirigente Pepe Julio Gutiérrez, con prisión preventiva, está implicado hasta en tres ilícitos. Para él se solicitó treinta años y seis meses de cárcel.

La fiscalía precisa que Gutiérrez y los otros dirigentes opositores, Jesús Cornejo Reinoso y Jaime de la Cruz Gallegos, desde que se inmiscuyeron en dirigir las protestas contra Southern, incrementaron su patrimonio y accedieron al poder político intercambiando beneficios. De la Cruz, siendo alcalde del municipio de Deán Valvidia, contrató a la esposa de Jesús Cornejo como recepcionista y Cornejo contrató a Gutiérrez como contador en la junta de usuarios. Sin embargo, no está probado que los tres hayan concertado para sacarle millón y medio de dólares a la mina. Las pruebas solo implican a Gutiérrez. De la Cruz y Cornejo se salvan de este ilícito pero en la investigación deben afrontar otros cargos. Piden 20 años y 6 meses de prisión para ellos.

DATO DISPARADOR

Un paquete de audios fue el detonante para iniciar el proceso. En dichas grabaciones se oye “tratos” entre Gutiérrez con Jesús Gómez Urquizo, consultor externo de la compañía minera. De ellas se desprende que el dirigente antiminero solicita a través de Gómez un millón y medio de dólares para detener las protestas. Las negociaciones ocurren en pleno conflicto social que cobraron la vida de tres civiles y un policía.

En el audio y ratificado por Gómez, ese dinero se iba a repartir entre Gutiérrez y los dirigentes De la Cruz y Cornejo. Pero no hay nuevos elementos de convicción que refuercen la declaración.

Gómez Urquizo califica como cómplice primario. Para él se solicita diez años de prisión. De las investigaciones se concluye un comportamiento ético muy discutible de dicho abogado. En el 2011, era brazo jurídico del frente que orquestó las primeras protestas contra el proyecto minero. Luego terminó asesorando a Southern. Tras el levantamiento del secreto bancario, dicho profesional recibió de la minera más de un millón 666 mil 667.00entre 2013 y 2014. Y desde el 13 de enero de 2014, le pagaba honorarios la empresa Ocoña Hydro, vinculada a Southern.

¿Qué hizo Gómez con ese dinero?

En octubre de 2014, por ejemplo, giró un cheque de gerencia sin causa justificada de S/ 193 mil 023.65 a Pepe Julio Gutiérrez. Y de esa cifra S/12 mil 500 se transfirió a Glenda Molina Gómez, esposa de Jesús Cornejo.

De eso se concluye que la compañía minera pagaba, vía Gómez Urquizo, a Gutiérrez. Y no se sabe a cuenta de qué.

En un audio de abril de 2015 Gómez le dice a Gutiérrez: “Yo he percibido en el caso del ingeniero (por Oscar González Rocha) un respeto por tu persona… El compromiso ha sido hasta que se apruebe el EIA y más allá ya no hubo ningún tipo de negociación, ningún compromiso, se perdió el contacto…”, dice Gutiérrez (…). La investigación no ahonda en las responsabilidades de la compañía, solo de su asesor.

El abogado de Pepe Julio Gutiérrez, Vladimir Fuentes, sostiene que la acusación contra su patrocinado carece de fundamento. Para él, la extorsión es directa, nunca se efectúa a través de una tercera persona. Señaló que tienen testigos y pruebas para desacreditar la versión fiscal. Finalmente, el Poder Judicial determinará si con las pruebas de la Fiscalía el expediente califica para juicio. 

FUENTE: Diario la República




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